Los decretos están orientados a desregular y disminuir el tamaño del Estado, focalizándose en las áreas de Economía y Salud. Algunas de estas medidas, que incluyen Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otras resoluciones administrativas, tienen un plazo limitado, ya que las facultades delegadas por la Ley Bases expiran el 8 de julio, lo que da a Milei menos de un mes para firmar y ejecutar estas reformas.

Se estima que hay alrededor de 13 decretos pendientes de publicación, que buscan recortar gastos, cerrar dependencias y centralizar organismos. Un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado reveló que hay 111 organismos en la Administración Pública Nacional, de los cuales 40 son desconcentrados y 71 descentralizados, contando con 477 autoridades superiores.

Las reformas más relevantes están dirigidas al Ministerio de Salud, el de Capital Humano y el de Economía, enfocándose en las secretarías de Transporte, Agricultura e Industria. Una de las transformaciones más notables se dará en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que busca ajustar su presupuesto, reducir personal y vender algunas de sus 450 sedes. También están en la mira el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Aunque se había anunciado hace más de tres meses, el Gobierno aún no ha puesto en marcha las modificaciones en el Instituto Nacional del Cáncer (INC), buscando eliminar la redundancia de tareas y que los programas y tratamientos antes gestionados por el INC sean administrados directamente por el Ministerio, que se compromete a mantener estos servicios. Estas medidas tienen como objetivo simplificar la burocracia y seguir la política de reducción del gasto estatal. Hasta abril de este año, había 292.801 empleados contratados en la administración, una disminución de casi 30.000 en comparación con el año anterior.